Hay un nuevo ecosistema normativo que dará un vuelco a la gestión de información confidencial y a la protección de Datos Personales de todos los residentes en la UE.
Se trata del famoso RGPD, de la Directiva NIS y de la Directiva sobre datos de carácter penal. Más exactamente hablamos de:
- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
- DIRECTIVA (UE) 2016/680 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo
- DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de julio de 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
El RGPD surge en medio de un abrumador efecto del desarrollo de la tecnología y su impacto en todas las áreas de comunicación, educación, desempeño profesional, e intimidad familiar y personal sobre los datos de carácter personal, cuya protección es un derecho fundamental reconocido jurisprudencialmente en la UE, y particularmente en España a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, que fijó sus límites con dos herramientas: las restricciones directas y los límites al ejercicio del derecho.
Tal ha sido la invasión de la tecnología en todas las esferas de nuestra vida y el crecimiento de la ciberdelincuencia, en los últimos años que se hacía necesario desarrollar una ley que devolviera a los ciudadanos su potestad sobre los datos de carácter personal de los que ostenta la titularidad.
Si hasta ahora regían los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), dese ahora está en manos de los residentes comunitarios en ejercicio de los derechos «POLIARSO» (Portabilidad, Oposición, Limitación del tratamiento, Información, Acceso, Rectificación, Supresión/derecho al olvido y Oposición a ser objeto de decisiones individuales automatizadas).
